La incorporación de los textiles a la Ley REP dejó de ser una discusión futura. Durante 2025, Chile declaró oficialmente a los textiles como el séptimo producto prioritario de la Ley N°20.920 y, en marzo de 2026, el Ministerio del Medio Ambiente inició el procedimiento para elaborar el Decreto Supremo que establecerá las metas de recolección, valorización y otras obligaciones asociadas para este sector.
De aquí a fin de año, uno de los espacios relevantes para este proceso será el Comité Operativo Ampliado (COA) convocado por el Ministerio del Medio Ambiente, instancia consultiva público-privada en la que participan representantes de organismos públicos, productores, empresas de menor tamaño, comercializadores, gestores de residuos, recicladores de base, consumidores, academia y organizaciones ambientales. Su tarea es aportar antecedentes y distintas miradas sectoriales para la elaboración del anteproyecto del Decreto Supremo.
¿Qué busca conseguir este Decreto Supremo?
La incorporación de los textiles a la Ley REP busca modificar progresivamente la forma en que Chile gestiona estos productos una vez terminada su vida útil: que una proporción creciente deje de convertirse simplemente en residuo y pueda ser recolectada, reutilizada, reparada, reciclada o valorizada.
El futuro decreto será fundamental porque traducirá ese objetivo general en reglas concretas: determinará las categorías o subcategorías de textiles sometidas a la REP, establecerá metas de recolección y valorización y definirá otras obligaciones que deberán cumplir los productores regulados. La Ley REP establece que son éstos quienes deben organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos prioritarios que introducen al mercado.
Pero probablemente el desafío más complejo no será definir hacia dónde quiere avanzar Chile, sino determinar a qué velocidad es posible hacerlo.
Más de 572 mil toneladas y menos del 1% de valorización
El punto de partida obliga a mantener un fuerte sentido de realidad. Chile genera actualmente más de 572 mil toneladas de residuos textiles al año, mientras la valorización formal se encuentra todavía por debajo del 1%.
Al mismo tiempo, la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040 plantea aumentar la valorización hasta 10% al año 2030 y 50% al 2040. Son objetivos estratégicos de país y no deben confundirse todavía con las metas jurídicas que establecerá el Decreto Supremo REP que está en elaboración.
Entre ambos extremos existe una brecha considerable.
Para cerrarla no basta con aumentar la recolección. Se necesita desarrollar simultáneamente infraestructura para almacenar, clasificar, preparar, reutilizar, reparar, transformar y reciclar textiles, además de generar mercados capaces de absorber los materiales recuperados y convertirlos nuevamente en productos con valor económico.
Aquí aparece uno de los riesgos del diseño regulatorio: recolectar residuos textiles más rápido de lo que Chile es capaz de procesarlos. Si la capacidad de clasificación, transformación o reciclaje no crece al mismo ritmo, el residuo simplemente cambia de lugar dentro de la cadena sin convertirse verdaderamente en circularidad.
La meta correcta debe transformar el mercado
Por eso, uno de los principales desafíos que enfrentará la preparación del Decreto Supremo será encontrar un equilibrio entre ambición ambiental y capacidad real de implementación.
Metas demasiado bajas podrían producir pocos cambios. Pero metas que crezcan mucho más rápido que la capacidad instalada podrían generar acumulación de residuos, mayores costos logísticos y dificultades para los sistemas de gestión sin conseguir necesariamente una mayor valorización.
La regulación tendrá que considerar toda la cadena: recolección, almacenamiento, clasificación manual y automatizada, reparación, reutilización, reciclaje, transformación industrial y, finalmente, la existencia de productos y mercados capaces de utilizar los materiales recuperados.
La circularidad no termina cuando se recoge una prenda. Termina cuando ese residuo logra mantenerse productivamente dentro de la economía.
¿Y qué significa esto para la ropa de trabajo?
La definición preliminar adoptada por el Ministerio es amplia y comprende productos compuestos principalmente por fibras textiles, independientemente de su grado de elaboración. Por ello, la conversación no se limita a la moda: también puede alcanzar a uniformes corporativos, ropa de trabajo, delantales, parkas, chaquetas impermeables, overoles y otros textiles utilizados por empresas e instituciones.
Aunque muchas de las obligaciones directas de la REP recaerán sobre productores e importadores, las empresas compradoras también tendrán una influencia creciente. Sus decisiones pueden favorecer prendas de mayor duración, proveedores capaces de informar su composición, reparación antes del reemplazo, trazabilidad y alternativas responsables para las prendas que salen de servicio.
En ropa laboral, además, existe una condición que no puede quedar subordinada a la circularidad: la función técnica de la prenda. Un uniforme o una prenda de protección primero debe cumplir correctamente el uso para el que fue diseñada, resistir las condiciones de trabajo y, cuando corresponda, entregar la protección requerida. La circularidad debe incorporarse sin sacrificar desempeño, seguridad ni vida útil.
Anticiparse ahora significa conocer mejor lo que compramos
Para las áreas de compras y sustentabilidad, prepararse para la REP Textil no significa intentar adivinar cuáles serán las metas definitivas.
Significa comenzar a generar información que probablemente será indispensable en este nuevo escenario: qué prendas compra la empresa, en qué cantidades, de qué materiales están hechas, cuánto tiempo permanecen en uso, cuáles pueden repararse o reutilizarse y qué ocurre finalmente con ellas cuando son dadas de baja.
También significa comenzar a conversar con los proveedores sobre durabilidad, composición, trazabilidad, reparación y alternativas futuras de recuperación.
Chile ya definió el rumbo hacia una economía circular para los textiles. Durante los próximos meses comenzará a tomar forma una de las piezas fundamentales para convertir esa visión en obligaciones concretas.
El desafío del Decreto Supremo será que las metas impulsen al mercado a avanzar, pero que lo hagan al ritmo necesario para desarrollar la infraestructura, la capacidad industrial y los mercados que permitan transformar efectivamente los residuos textiles en nuevos recursos.
